entrevista y una política industrial clara y estable. Solamente así lograremos atraer inversiones, escalar soluciones innovadoras y convertir nuestra posición geográfica y energética en una verdadera palanca de competitividad. Finalmente, la Comisión Europea ha presentado recientemente un Plan de Acción específico para la industria química. ¿Cuál es su valoración sobre esta iniciativa y qué expectativas genera en el sector? Valoramos muy positivamente este Plan de Acción, porque supone un reconocimiento claro por parte de la Comisión Europea del papel estratégico que desempeña la industria química en Europa. Es una señal tangible de apoyo en un momento crítico, en el que el sector atraviesa una coyuntura compleja marcada por altos costes energéticos, presión regulatoria e incertidumbre inversora. El Plan recoge medidas muy necesarias para frenar la pérdida de tejido productivo en Europa, atraer inversión y acelerar la transformación del sector. En particular, destacamos la propuesta de crear una Alianza de Productos Químicos Esenciales, la revisión de las directrices de ayudas de Estado para compensar costes indirectos de CO2 y el anuncio de un Paquete Europeo de Infraestructura Eléctrica, que puede facilitar significativamente la electrificación de nuestros procesos. No obstante, todavía queda un camino importante: su éxito dependerá de que se implemente de forma rápida, con ambición y en coordinación con los Estados miembros. Este Plan puede convertirse en una herramienta real de competitividad, pero para lograrlo necesitamos un desarrollo legislativo ágil, recursos presupuestarios adecuados y un compromiso firme de todos los niveles de decisión. 㔾 Dado que otros países europeos enfrentan desafíos similares en términos de costes energéticos, en su opinión, ¿qué ventajas tecnológicas podría tener España para mantener una ventaja competitiva? Una de las principales ventajas energéticas más evidentes con las que cuenta España frente a muchos países de su entorno es su potencial para generar electricidad renovable a bajo coste. El potencial solar y eólico de nuestro país no sólo es uno de los mayores de Europa, sino que también permitiría anticipar una evolución de precios más competitiva si se consolidan las infraestructuras necesarias para canalizar esa energía hacia el tejido industrial. Si somos capaces de desplegar una red eléctrica robusta, flexible y con capacidad para absorber grandes volúmenes de generación renovable –especialmente en zonas industriales clave–, podríamos situarnos en una posición privilegiada frente a países como Alemania o Italia, cuyas industrias dependen aún en buena medida del gas o del carbón importado. Además, el ecosistema de innovación en España está totalmente alineado con los objetivos de sostenibilidad. Contamos con centros tecnológicos punteros, plataformas como SusChem España, y un tejido empresarial cada vez más orientado hacia la circularidad, la digitalización y el uso de materias primas alternativas. Esa combinación de recursos, conocimiento tecnológico y voluntad industrial es un activo que debemos aprovechar con inteligencia. Ahora bien, para que esta ventaja potencial se traduzca en una ventaja real y sostenible, es imprescindible que el marco normativo acompañe. Como hemos venido mencionando, necesitamos precios energéticos competitivos, acceso a financiación para tecnologías limpias no (CAUC). En muchas instalaciones, especialmente aquellas donde no es posible electrificar a corto plazo, estas tecnologías permitirán capturar y almacenar de forma segura las emisiones que no pueden evitarse. Además, se están explorando formas de aprovechar ese CO2 capturado como materia prima para producir nuevos compuestos químicos, lo que abre la puerta a un modelo más circular y a un mercado para este tipo de productos. Por último, tecnologías de reciclado químico avanzado que permiten sustituir las materias primas convencionales por materias primas circulares como CO2, residuos, incluidos los plásticos o biomasa. Estos procesos permiten reducir la dependencia de recursos vírgenes y reducir la huella de carbono de los productos. Todas estas soluciones tienen en común que no son tecnologías convencionales, sino innovaciones que requieren grandes inversiones en desarrollo industrial, nuevos equipos y adaptación, tanto de procesos como de las propias instalaciones. De ahí que se estimen necesarias inversiones de alrededor de 65.000 millones de euros hasta 2050 para acometer esta transformación. Pero para que estas soluciones prosperen, será imprescindible contar con mecanismos de apoyo a la inversión y al OPEX, como los Contratos por Diferencias de Carbono o un Fondo de Descarbonización Industrial. Además del apoyo económico, es importante que exista un entorno regulatorio predecible y estable que permita desarrollar e implementar todas estas soluciones. En definitiva, el reto es inmenso, pero también es una oportunidad para el sector químico como motor de innovación, sostenibilidad y competitividad industrial a largo plazo. Julio-Agosto 2025 / LimpieZas 85
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