actualidad Enero-Febrero 2026 / LimpieZas 43 necesidad de reforzar la capacitación profesional, atraer talento joven y mejorar el reconocimiento social del servicio. Durante su participación, subrayó que la seguridad es una actividad de servicio que contribuye a la protección de las personas y de los espacios, y que su valor debe ser comprendido desde una perspectiva social, más allá de la función operativa. En este contexto, señaló la voluntad de ILUNION de impulsar iniciativas que refuercen la dimensión social de la seguridad privada en España. Identificación y denuncia A continuación, tomó el testigo Joaquín González Salas, comandante de la Guardia Civil en la Jefatura de Información, interlocutor social central y responsable del Equipo de Respuesta a los Delitos de Odio Nacional (REDO). Su intervención se centró en la definición de los delitos de odio, sus características y las vías para su identificación y denuncia. González Salas explicó que los delitos de odio están tipificados en el Código Penal y se distinguen por su motivación discriminatoria, ya que la agresión se produce por rechazo o prejuicio hacia la víctima debido a una condición personal o social. Este componente motivacional los diferencia de otros delitos y amplía su impacto, puesto que afecta no solo a la persona agredida, sino también al colectivo al que pertenece. El comandante detalló que este tipo de delitos genera efectos que van más allá del daño físico o material, al producir miedo, inseguridad y desconfianza en el entorno. En este sentido, recalcó la importancia de la denuncia como herramienta para visibilizar el problema y facilitar la actuación policial. Recordó que la Guardia Civil dispone del teléfono 062, del servicio de denuncias y de equipos especializados como el REDO para atender estos casos. Barreras en la denuncia Tras la ponencia, tuvo lugar la mesa redonda “Buenas prácticas y retos en la prevención de los delitos de odio en personas con discapacidad”, moderada por Antonio Jesús Gómez Pérez, jefe de Seguridad de ILUNION Seguridad. En el debate se abordaron las dificultades específicas que enfrenta este colectivo, tanto para identificar situaciones de discriminación como para denunciarlas. De esta forma, Gregorio Saravia, delegado de Derechos Humanos y para la Convención del CERMI Estatal, señaló que el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad requiere una aplicación efectiva de las normas, y no solo su publicación. Asimismo, apuntó a la necesidad de tener en cuenta el contexto histórico de discriminación, que influye en la baja tasa de denuncias y en la relación con los sistemas de protección. Desde el ámbito institucional, Pilar Muniesa, jefa del Área del Sistema Estadístico y Atención a Víctimas de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, aportó datos que reflejan la magnitud de la infradenuncia. Según indicó, en 2024, nueve de cada diez delitos de odio no fueron de- Joaquín González Salas (Guardia Civil). Alejandro Fernández subrayó que la seguridad es una actividad de servicio, y que su valor debe ser comprendido desde una perspectiva social, más allá de la función operativa Amaia Bengoechea (ILUNION Facility Services). Alejandro Fernández (ILUNION Seguridad e ILUNION Facility Services).
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