LimpieZas / Enero-Febrero 2026 8 entrevista Juan Ignacio Beltrán Presidente de ASPEL “La única forma de combatir el absentismo es con medidas legales valientes y decididas” En un momento marcado por la presión de los costes laborales, la escasez de personal y un marco regulatorio que sigue sin adaptarse a las necesidades reales del sector, el presidente de ASPEL analiza los retos y desafíos que atraviesan las empresas de limpieza en España. Tras un año de crecimiento en la facturación pero con márgenes cada vez más ajustados, el sector afronta 2026 con la mirada puesta en la revisión de precios en los contratos públicos, el impacto del absentismo y la urgencia de avanzar en bienestar laboral y salud mental. Por: Leticia Duque ¿Qué balance general hace de este último año para las empresas de limpieza en términos de rentabilidad? Creo que, aunque la mayoría de las empresas todavía no han cerrado contablemente el ejercicio, puedo decir como resumen que, en términos generales, la facturación ha aumentado pero el margen porcentual ha disminuido. Mirando hacia el futuro inmediato, ¿cuáles son las previsiones de ASPEL para este 2026? La evolución del sector pasa por los cambios, para bien o para mal, que se produzcan en los ámbitos regulatorios y legales. También en las dificultades de selección de personal. Creo que la tendencia de aumento ligero de la facturación y empeoramiento de la rentabilidad en porcentaje va a continuar. Uno de los problemas, que ya parece habitual en el sector, es la Ley de Desindexación. ¿Ha habido algún avance por parte de la Administración para permitir la revisión de precios en los contratos públicos? Ha habido intentos desde muchos ámbitos, empresariales, sindicales e incluso de partes del Ejecutivo que han chocado con el Ministerio de Hacienda. Creo que, desde los sectores intensivos en mano de obra, como es la limpieza, estamos sufriendo especialmente cambios en los costes laborales y de cotizaciones. Si no se revisa la Ley de Desindexación de la Economía Española en términos generales, abogamos por unas modificaciones de la Ley de Contratos del Sector Público, concretamente en su artículo 103, para permitir que revisemos precios para compensar los aumentos de coste provenientes de SMI, cotizaciones, revisión de convenios, etc.
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